Hoy es un día para reflexionar sobre lo que hemos hecho como estado, familia y sociedad para garantizar los derechos de los niños y niñas en nuestro País. El Perú fue uno de los primeros países en ratificar la convención en 1990, por lo que podemos afirmar que desde siempre hubo la voluntad por garantizar la protección de los derechos de los niños y niñas. Si bien firma de la convención internacional, como todo proceso lleva su tiempo y la firma solo era un paso, cada país debía posicionar este tema en un marco normativo solvente para sostener tan enorme reto que implica que todo niño y niña crezca y se desarrolle con todos sus derechos que están definidos en la convención.

A medida que pasó el tiempo, el comité por los derechos del niño publicó diferentes observaciones generales con el fin de seguir profundizando y precisando diferentes derechos que debían ser garantizados para el pleno ejercicio de los derechos.

Por nuestra parte, el Perú fue avanzando en un marco normativo y planes nacionales de acción por la infancia, los cuales tuvieron rango de ley y se realizaban con acuerdos de los diferentes sectores del estado. Al mismo tiempo, se incrementó la inversión pública y una metodología para medir el gasto público, lo que ha sido crucial para comprender como las políticas no se quedan solo en los discursos sino se hacen efectivas en los niños, niñas, sus familias y sus entornos.

En el año 2021, el decreto supremo N° 008-2021-MIMP aprueba la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, la cual se constituye en el instrumento marco de políticas públicas en temas de niñez y adolescencia que orientará la acción del Estado en sus tres niveles de gobierno al desarrollo de intervenciones articuladas, es decir que cada sector del estado realice su trabajo pero en articulación de los otros sectores involucrados.

Sin embargo, pese a los grandes avances es necesario reflexionar sobre las consecuencias que trae para un país cuando no se prioriza la atención a la infancia o no se garantiza el cumplimiento de sus derechos básicos como son la salud, educación, participación entre otros.

Veamos el tema desde el sector educación, actualmente el MINEDU atiende a 188613 estudiantes en educación básica alternativa (EBA) que es una modalidad de la educación básica equivalente a la Educación Básica Regular - EBR (tiene los mismos objetivos y calidad), pero que enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales.

La EBA está dirigida a personas de 14 años a más, que no accedieron o no culminaron su primaria o secundaria, y que buscan concluir sus estudios sin dejar de trabajar. Entre la población demandante se encuentran adolescentes que no iniciaron o concluyeron sus estudios en la edad reglamentada, población vulnerable que dejó sus estudios por diversas razones.

Ahora bien, si atiende a personas de 14 años a más quiere decir que atiende a adolescentes y jóvenes que fueron privados del derecho a su educación, entre los cuales se encuentran adolescentes con discapacidad. El Censo Escolar del año 2022 nos señala que existen  4627 niños y niñas matriculados en la DEBA menores de 14 años, que representa el 2,6%, de 15 a  17 años se matricularon 36941 que representa al 20, 5%, entre 18 a 29 años son 87645 que representa el 48,7% del total el resto son mayores de 30 a 59 años que representa el  25% y el 3,6% son adultos mayores de 60 años. De total de estudiantes 3568, es decir el 2% son estudiantes con discapacidad, de los cuales 332 estudiantes tienen discapacidad auditiva, es decir, que además de privarles el derecho a su educación, se les privo el derecho a desarrollar su lengua natural que le permita desarrollar su pensamiento y por ende comunicarse con otras personas, empezando con su familia. Pese a que estas cifras develan una atención tardía a la población, es preciso mencionar que también existe población que no ha sido atendida y sigue sin gozar del ejercicio de sus derechos.

Estas cifras son el resultado de no haber garantizado a tiempo los derechos de la niñez y adolescencia y toda esta población vulnerable está restituyendo su derecho a la educación en los servicios que ofrece la Educación Básica Alternativa, por lo que la atención que se les ofrezca no puede dejar de mirar la historia de estas personas para ofrecerles  los servicios de calidad y equidad.

Paralelamente a este problema es importante mencionar que se ha incrementado la población adolescentes infractores en el Perú, actualmente más de 3000 infractores se encuentran en un centro juvenil, el 45% lo está por robo agravado, todo ello como consecuencia del abandono, negligencia por parte del Estado, la familia y la sociedad.

El enfoque preventivo debe ser nuestra meta, si queremos disminuir estas cifras debemos empezar a trabajar con las familias, desde la gestación, ofreciendo cuidados y educación a la primera infancia, no dejando a ningún niño atrás, esto incluye ofrecer apoyos educativos para niños y niñas con condición de discapacidad o privación lingüística. Es necesario un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, así como de rendición de cuentas para ir analizando paso a paso las mejoras, pausas o retrocesos para tomar decisiones oportunas y de calidad.

El reto es grande, hay mucho por hacer, no bajemos la guardia.